Un mes de póliza, doce de espera

La regla estaba en el apartado 3.1 de las condiciones generales del producto: los padecimientos ginecológicos quedaban amparados a partir de los doce meses de cobertura continua. La póliza se emitió el 5 de junio de 2020 para una vigencia que arrancó el 29 de mayo, y la operación fue el 29 de junio.

Aplicada al pie de la letra, esa cláusula obligaba a una mujer con un quiste ovárico a esperar hasta mediados de 2021 para que su seguro respondiera. Mientras tanto, los asesores que habían gestionado el trámite dejaron de contestar, y los $93,576.06 salieron de su bolsillo.

Para sostener que la asegurada conocía ese periodo de espera, Ve por Más señaló lo impreso en la propia póliza: que la carátula forma parte del contrato, que el contrato se integra por solicitud, carátula, condiciones generales, endosos y demás documentos, y una invitación a consultar coberturas, exclusiones y restricciones en las condiciones generales o en vepormas.com.

El juez fue al deber legal que hay detrás. Los artículos 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y 7, 20 y 24 de la Ley sobre el Contrato de Seguro obligan a la aseguradora a informar con claridad el alcance de las condiciones y a entregar el documento donde consten los derechos y obligaciones de las partes. Esa entrega se demuestra; no se suple con leyendas puestas en una cláusula o en la carátula, porque con esas anotaciones el asegurado no se entera de lo que va a regir su relación.

Ahí terminó el asunto. La aseguradora fue omisa en exhibir medio de prueba alguno que soportara su carga de acreditar que entregó las condiciones generales del producto a la asegurada.

Sin esa entrega probada, las restricciones que viven en ese documento no le son exigibles a quien nunca lo recibió. El periodo de espera existía en el papel de la compañía, pero no en el contrato que ella pudo conocer.

El juez tuvo la acción por probada. De todas las defensas de Ve por Más prosperó una sola, la de plus petitio, que sirvió para descontar el deducible de $10,000 y el 10% de coaseguro pactados en la póliza. La condena quedó en $75,218.45, con esos descuentos ya aplicados.

La cantidad se denomina en Unidades de Inversión al valor de la fecha de exigibilidad legal que fijó la sentencia, y se paga en moneda nacional al valor que las UDIS tengan el día del pago, conforme al artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Los intereses moratorios se cuantifican a juicio de peritos en ejecución de sentencia. El plazo para cumplir es de 72 horas desde que la resolución sea legalmente ejecutable; vencido, se aplica el artículo 277. Sin condena en costas.