La Verdad Detrás de las Preexistencias y el Derecho a Cobrar la Póliza de Vida

La aseguradora apoyó su postura en la referencia a dislipidemia que aparecía en el acta de defunción. El juzgado distinguió la existencia o mención de un padecimiento de algo decisivo para la supuesta omisión: que el solicitante supiera de él cuando contestó el cuestionario en 2018.

El expediente clínico y las pruebas periciales no acreditaron una atención o diagnóstico comunicado al asegurado antes de contratar. Los resultados de laboratorio, sin interpretación de un especialista, tampoco demostraban conocimiento personal de dislipidemia. El tribunal observó además que el cuestionario no formulaba una pregunta específica sobre ese diagnóstico. La aseguradora no justificó así la rescisión por declaración inexacta.

La sentencia ordenó cumplir la cobertura por fallecimiento de 500,000 UDIS a favor de la madre. También fijó mora desde el 16 de octubre de 2020, fecha de la negativa, con cálculo posterior en ejecución. La resolución protege este reclamo concreto; no elimina el deber general de responder con veracidad a una solicitud de seguro.

El 28 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuadragésimo Tercero Civil de Proceso Oral ordenó a Seguros Monterrey pagar 500,000 UDIS por fallecimiento, convertidas a moneda nacional al valor de la fecha de pago. Concedió intereses moratorios desde el 16 de octubre de 2020, a liquidar en ejecución, y no impuso condena especial en costas.

La copia del fallo denomina el procedimiento de manera distinta en su apertura y en el resolutivo. La condena judicial no acredita el cobro efectivo.