La historia detrás del fallo judicial

El juzgado escuchó al asesor de ventas y a otra persona presente durante la compra. Ambos confirmaron que el cliente había comunicado el uso previsto en Uber. El representante de la aseguradora reconoció que las agencias intervenían en la contratación de sus productos y no aportó registros que demostraran la preparación del vendedor para orientar al cliente sobre el seguro adecuado.

La aseguradora tampoco acreditó que el comprador hubiera recibido las condiciones generales antes del robo. El tribunal concluyó que no podía perjudicarle una exclusión contenida en un documento que no se le entregó. La regla de treinta días para revisar la carátula no trasladaba al consumidor la carga de interpretar restricciones desconocidas. La clasificación incorrecta del uso no anuló la cobertura por robo total en estas circunstancias.

La guía de valor comercial incorporada al expediente fijó el vehículo en $900,000. La sentencia ordenó pagar esa base menos el deducible contractual del 10%. También reconoció los intereses que el propietario pagó a la financiera como daños, además de la mora legal desde el 29 de agosto de 2016; esos accesorios quedaron para ejecución.

El 13 de septiembre de 2019, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Mercantil condenó a la aseguradora a pagar el valor comercial de $900,000 menos el 10% de deducible. También ordenó los daños vinculados con intereses del crédito y la indemnización por mora desde el 29 de agosto de 2016, sujetos a cuantificación en ejecución de sentencia.

La copia judicial es una versión pública que suprime el nombre de la demandada y datos del vehículo; la identificación de GNP fue aportada por el propietario. El fallo no prueba un cobro posterior.