La firma que su app no pidió

El beneficiario reunió los papeles y los mandó por mensajería en abril de 2021. La respuesta tardó meses y llegó como rechazo: reclamación improcedente y contrato inválido.

El fundamento eran los artículos 167 y 168 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que piden el consentimiento escrito del asegurado en los seguros de vida. Como la contratación se hizo por los canales digitales del banco, sostuvo la empresa, faltaba esa autorización previa firmada. Y añadió una carga: que el beneficiario probara que había sido ella, y no otra persona, quien contrató desde la plataforma y autorizó los cargos.

La jueza tomó el argumento por donde se cae. La venta se hizo por un canal que la aseguradora promueve, opera y atiende con personal técnico propio, así que el conocimiento y la responsabilidad sobre ese sistema son suyos. La póliza 1B071502RG que la empresa emitió, con vigencia del 4 de noviembre de 2020 al 4 de noviembre de 2021, cumple lo que pide el artículo 20 de la ley: es el documento que acredita el contrato.

Sobre la carga de la prueba fue igual de clara. Demostrar el cumplimiento le correspondía a la aseguradora, no al beneficiario, a quien nadie puede obligar a probar un hecho negativo. Y en materia mercantil, según los artículos 78 del Código de Comercio y 1851 del Código Civil Federal, cada quien se obliga en los términos en que quiso obligarse, sin que la validez del acto dependa de formalidades determinadas.

Quedaba la duda que la empresa sembró sobre quién había contratado. La jueza la resolvió con la doctrina de los actos propios: no es jurídicamente aceptable desconocer en el juicio la identidad que se aceptó de forma expresa al momento de contratar. Se apoyó en la tesis 2a. CXLVII/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte.

BBVA había vendido la póliza a esa persona, la había emitido a su nombre y le había cobrado las primas por cargo automático durante toda la vigencia. Poner en duda su identidad después del fallecimiento, y solo para no pagar, iba contra sus propios actos.

La jueza declaró procedente la acción entera: el beneficiario acreditó lo que reclamaba y BBVA Seguros no probó ninguna de sus excepciones. La condena fue al cumplimiento de la póliza, con el pago de $1,500,000 por fallecimiento y $75,000 por gastos funerarios dentro de un plazo de cinco días. De no comprobarlo, procede el remate de valores de la aseguradora conforme al artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

A eso se suman los intereses moratorios del artículo 276, que se cuantifican en ejecución de sentencia y corren hasta la solución total del juicio. Sin condena en costas.