El valor de la letra impresa: Cuando la carátula de la póliza vence a las condiciones generales no entregadas

El documento entregado a la asegurada establecía «1er año Valor Factura y 2º año y subsecuentes Valor Comercial». Inbursa defendió su cálculo con una lectura restrictiva de las condiciones generales. La jueza encontró que la compañía no acreditó la entrega de ese texto ni un acceso digital completo y verificable. Una invitación a consultarlo en internet no era suficiente para hacerlo valer contra la clienta.

La financiera era beneficiaria preferente y recibió el pago calculado a valor comercial. Después el crédito quedó liquidado. Por eso, el tribunal concluyó que la diferencia correspondiente al primer año debía llegar directamente a la asegurada, sin pasar de nuevo por la financiera. El razonamiento de la sentencia calculó $68,500 antes del deducible y $61,650 después.

El resolutivo repite $500,000 al describir la diferencia que debía pagarse, pese a que la operación y la explicación inmediatamente anteriores arrojan $61,650. La cifra se consigna aquí como cálculo razonado, no como cantidad ya cobrada. El tribunal también ordenó mora desde el 25 de diciembre de 2020, pendiente de liquidación.

El 3 de febrero de 2023, el Juzgado Décimo Sexto Civil de Proceso Oral resolvió que Inbursa debía cubrir la diferencia entre el valor factura prometido y lo pagado a valor comercial. Su razonamiento fijó $61,650 después del deducible para la asegurada y concedió mora desde el 25 de diciembre de 2020.

El resolutivo contiene una cifra contradictoria de $500,000. La sentencia permite describir la razón del fallo y el cálculo expuesto, pero no probar cuál fue el importe finalmente ejecutado o recibido.