Lo que la póliza no decía

Los impactos dejaron el coche fuera de reparación y la propia aseguradora lo declaró pérdida total por daños materiales. Hasta ahí el trámite siguió su curso normal: reporte del siniestro, entrega de documentación, espera de la indemnización pactada.

La carta de rechazo cambió el terreno. BBVA sostuvo que el asegurado había incurrido en omisiones o declaraciones falsas al contratar, porque no informó que el vehículo cargaba una factura de salvamento. Con eso invocó el artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y se dio por liberada de pagar. El asegurado demandó en mayo de 2021 por la vía oral mercantil.

El juez transcribió en la sentencia lo que el asegurado sí declaró bajo protesta de decir verdad, porque estaba impreso en la póliza: que la unidad no había sido robada, que no había sufrido daños por las eventualidades previstas en el contrato, que no era un vehículo nacionalizado y que no era fronterizo. Cuatro afirmaciones, ninguna sobre salvamento.

La defensa entera de BBVA descansaba en una frase que su propio contrato no contenía. El juez lo dijo sin rodeos: de esa transcripción no se advierte en ninguna de sus partes que el actor hubiera manifestado nada sobre una factura de salvamento.

Quedaba la carga de la prueba. Para escapar por el artículo 70, la aseguradora tenía que acreditar que el asegurado supo del antecedente y lo calló. No presentó nada que lo demostrara. Entre los documentos que la empresa le pidió al contratar, y que tenía el deber de revisar, tampoco aparecía referencia alguna a un vehículo de salvamento.

BBVA exhibió sus condiciones generales para sostener la negativa. El juez las tuvo por insuficientes: no cambian lo que la póliza dice ni suplen la prueba que faltaba.

El juez condenó a Seguros BBVA Bancomer a cumplir el contrato y pagar el valor comercial del BMW al 19 de junio de 2020, el día del choque, conforme a lo pactado en la póliza. La cantidad exacta quedó para el incidente de ejecución, y por eso la acción se declaró parcialmente procedente: el derecho al pago quedó firme, la cifra se fija después.

Encima corre la indemnización por mora del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, desde el 20 de julio de 2020, treinta días después del siniestro, y hasta que la deuda se liquide. Si la aseguradora no paga dentro de las 72 horas siguientes a la cuantificación, sigue la ejecución forzosa del artículo 277.