La letra impresa no tiene la última palabra

Un testigo presencial contó en el juicio cómo ocurrió la contratación. Cuando el hombre mencionó sus enfermedades, la ejecutiva le indicó dónde firmar y le dijo que ella se encargaría de capturar la información en el sistema del banco. Él firmó la última hoja del formato y se fue a casa convencido de haber dejado protegidas a sus hijas.

En marzo de 2015 murió por un infarto cerebral derivado de sus complicaciones. Sus dos hijas iniciaron el trámite y entregaron los papeles. A finales de diciembre llegó la respuesta: reclamo improcedente y contrato rescindido. Según BBVA, el asegurado había mentido en el cuestionario y, con base en el artículo 78 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la empresa no pagaría.

Las hijas llevaron el caso a juicio oral mercantil. La discusión no giró en torno a la enfermedad, porque las dos partes aceptaban que el señor la tenía. Giró en torno a otra cosa: si de verdad hubo una omisión hecha para engañar.

En el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Oral, el juez midió el caso con el artículo 8 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que obliga al solicitante a declarar por escrito los hechos importantes para valorar el riesgo. Cuando BBVA presentó sus pruebas, solo exhibió una impresión del formato llenado en computadora, con la firma del cliente únicamente en la última página. No mostró un cuestionario manuscrito ni un documento donde el asegurado hubiera firmado cada declaración médica por separado.

Con el testimonio del testigo y la debilidad de esas pruebas, el juez concluyó que el banco no había demostrado dolo. Al contrario: quedó claro que el hombre dijo sus enfermedades en voz alta y que el error de captura fue del personal de la empresa. Un formato impreso por computadora no equivale a la declaración escrita y firmada que la ley pide en cada apartado. El sistema de la aseguradora no podía valer como verdad absoluta frente al contratante.

El 3 de agosto de 2021, el juez falló a favor de las hijas. Condenó a Seguros BBVA Bancomer a pagar la suma por fallecimiento y los gastos funerarios, denominados en Unidades de Inversión, más los intereses moratorios por el retraso.

La resolución dejó una línea clara: los sistemas automatizados de una institución financiera no están por encima de un contrato hecho de buena fe, ni de los derechos de quien confió en él.