El laberinto de las letras pequeñas

El asegurado hizo todo en tiempo. Avisó del siniestro el 4 de diciembre de 2018, presentó su reclamación y entregó la documentación para acreditar los bienes. Después vinieron las llamadas largas, las peticiones de más papeles y, el 7 de febrero de 2019, el rechazo.

El motivo fue técnico. Los abogados de Chubb dijeron que el domicilio del robo no coincidía con las calles colindantes descritas en la póliza. Su prueba principal era un mapa digital de Google. Con ese detalle cartográfico, la empresa dio por improcedente el reclamo de un cliente que había pagado por estar cubierto.

Tras agotar sin acuerdo la conciliación en CONDUSEF, el caso llegó al Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil por la vía oral mercantil. La defensa de Punto Fino encontró un hecho que desarmaba el argumento de la ubicación: el 5 de marzo de 2018, meses antes del robo, el asegurado había pedido servicios de asistencia a domicilio bajo la misma póliza (electricidad, plomería y pintura) y la propia Chubb los envió y ejecutó en esa dirección.

El juez lo tomó como lo que era. Si la aseguradora mandó operarios a ese domicilio bajo la misma póliza y sin objetar nada, ya conocía perfectamente dónde vivía su cliente. Dejarla alegar después una discrepancia de mapas rompía la buena fe del contrato. Es la doctrina de los actos propios: nadie puede desdecirse de lo que ya reconoció con sus hechos.

El juez añadió una segunda idea. El seguro es una relación de consumo, y entre un particular y una aseguradora grande no hay igualdad de fuerzas. Por eso el sistema tiene el deber de equilibrar la balanza y de no dejar que una cláusula oscura o una interpretación forzada borre los derechos del consumidor. La lectura literal de un mapa no podía valer más que la cobertura contratada.

El litigio pasó incluso por un amparo directo antes de la sentencia definitiva. Al final, el tribunal condenó a Chubb a pagar los contenidos robados que quedaron acreditados con tickets de compra originales: $54,207, ya aplicado el 10% de deducible, más la rotura de cristales.

El golpe de fondo vino con la condena por mora. El juez aplicó el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas: la deuda se denomina en Unidades de Inversión desde la fecha del siniestro, en enero de 2019, y genera un interés que se capitaliza cada mes a 1.25 veces el costo de captación de pasivos. La aseguradora terminó reparando el daño completo, con el tiempo corriendo en su contra.